El Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) fue creado el año 2006 y constituye el principal instrumento para dotar de nuevos y mayores recursos los distintos esfuerzos que el Estado realiza en torno a la innovación, siguiendo los siete ejes estratégicos de la Política de Innovación definida por el Comité de Ministros para la Innovación que preside el titular de Economía.
El Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) es el instrumento de financiamiento del ejecutivo con respaldo presupuestario para la aplicación de políticas nacionales y regionales de innovación, orientado a fortalecer el sistema de innovación nacional y regional, dando transparencia, flexibilidad, sentido competitivo y estratégico a la acción pública del Estado. A partir del año 2008, por primera vez, la política pública en materia de desarrollo científico, tecnológico y de innovación, incorpora a la institucionalidad regional en el proceso de decisión estratégica, bajo el liderazgo de los Gobiernos Regionales. La Ley de Presupuestos 2008 establece que los Gobiernos Regionales, teniendo en consideración los instrumentos marco de planificación regional aprobados por el Consejo Regional respectivo y los lineamientos que en materia de innovación establezca el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, determinarán la asignación de estos recursos. Cada región deberá profundizar y concretar líneas de acción a través de la Estrategia Regional de Desarrollo, políticas regionales de innovación (agendas) y los planes que se definan. La desconcentración en la decisión de asignación de los recursos, correspondiente al 25% del total del FIC, se recoge desde el año 2008 en la Ley de Presupuestos del Sector Público, a través de la Provisión Fondo de Innovación para la Competitividad (en adelante Provisión FIC).
A través de este instrumento de inversión regional, los recursos son distribuidos a las distintas regiones del país, mediante una metodología definida en la Ley de Presupuestos del sector público de cada año. Los Gobiernos Regionales asignan estos recursos a las entidades ejecutoras autorizadas mediante la ley vigente, atendiendo sus visiones y prioridades particulares para promover el desarrollo regional en materia de innovación para la competitividad, desarrollo tecnológico y equidad económica territorial.